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El valor de la vida en el ámbito laboral

La actual crisis económica y la acentuada precariedad o inexistencia de oportunidades laborales, nos obliga a prestar la máxima atención a la urgencia en la colocación o recolocación (casi a cualquier precio) de la población activa.

Es obvio que esta circunstancia, por su gravedad, es la primera necesidad a cubrir en el actual entramado social de nuestro país.

Como prevencionistas, deberíamos hacernos una reflexión causal sobre la incidencia de este periodo, abarcando la visión a medio y largo plazo y con un carácter colectivo, más allá de las incidencias personales o empresariales que a todos nos atañen.

La situación actual plantea unas particularidades que producirán, sin duda, cambios sustanciales en el ámbito de la Seguridad y la Salud. A día de hoy se producen, entre otras, dos situaciones bien conocidas que ganan “adeptos” (a la fuerza, claro):

1. Contratación discontinua (misma empresa, pero con periodos intermitentes)
2. Contratación en periodos muy breves por diferentes empresas

En el primer caso, está claro que se producirá un retraso en la fecha de “jubilación”, puesto que la interrupción de la vida laboral lleva pareja una disminución de los tiempos de cotización y con ello, la necesidad de extender la actividad más allá de la edad teórica de jubilación (65-67 años). De esta manera nos encontraremos con una población activa con edades superiores a 70 años, lo cual, independientemente del “cansancio” laboral, es fisiológicamente demostrable que traerá consigo mayor índice de accidentes y enfermedades en el ámbito laboral al encontrarnos más “viejos” en el puesto de trabajo.
Hasta ahora esta franja de trabajadores con edades superiores a 70 años se encontraba de forma muy reducida y especialmente en profesiones “intelectuales” y no enfrentadas a entornos y/o labores fatigosas.

Dentro de la importancia general, hay que subrayar que será más notable, obviamente, en aquellos trabajos que conllevan actividades manuales, en espacios exteriores, “pesados”, etc., (instaladores, obreros, mecánicos, servicios, manipuladores, etc.).

En el segundo caso, que también podría darse en el caso de la contratación discontinua, nos encontramos con varios planteamientos:

2.a) carencia o poca inversión en formación/training, pues es poco motivadora para los empresarios la inversión para espacios de tiempo de contratación reducidos y/o incertidumbre de continuidad, y también, por qué no decirlo, cierta apatía del trabajador si no se identifica con una proyección duradera en el puesto.
2.b) dificultad/imposibilidad de analizar los orígenes de las enfermedades profesionales debido a la multitud de ubicaciones, empresas, etc. que se han producido en estos años de tanta precariedad laboral. Así nos encontraremos ante una indefensión de los trabajadores, que dificultará enormemente la capacidad reclamatoria de nuestros derechos por la dificultad de aportar la “carga de la prueba”.

Como señalaba al comienzo de esta reflexión, parece que no es propio del momento crítico actual (pese a una aparente mejoría laboral), prestar atención a estas consideraciones por entenderlas como un “mal menor” que, de producirse, sería a largo plazo.

Por mi parte sólo pretendo despertar el interés de quienes les corresponda prevenir esta disfunción que se nos irá mostrando inexorablemente y sin margen de maniobrabilidad en los lustros venideros.

Poco podemos esperar de las administraciones públicas que, orientadas siempre por los intereses políticos de turno, plantean planes de acción “cortoplacistas” (Max. 4 años), con lo que la responsabilidad de diluye entre legislaturas como otros tantos asuntos más (educación, sanidad, etc.)
La solución no se vislumbra sencilla, pero no por ello debemos de apartar el problema de nuestra consideración, porque existir, existe y más nos vale a todos ir incidiendo para que se movilicen los responsables de tomar medidas. Por mi parte si he conseguido alimentar algún pensamiento en aras de esta causa, me doy por satisfecho.

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